ANÁLISIS | 10/16/2017 4:27:00 PM
Etanol, otro
sector en vía de extinción
por
En
2001 se expidió la legislación que regula el uso de alcohol carburante en
mezcla con la gasolina y diésel, con el propósito de sanear ambientalmente y
“como dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto
agrícola como industrial”, como reza la Ley 693. En ese momento algunos
sectores entendimos que la norma realmente tenía como objetivo lanzar un
salvavidas al sector azucarero, en crisis por los excedentes de producción.
Efectivamente, los ingenios
azucareros invirtieron USD 250 millones para montar las destilerías de Incauca,
Providencia, Mayagüez, Manuelita y Riopaila-Castilla, a las que se sumaron
después Risaralda y Bioenergy, llegando a 2 millones de litros al día de
producción.
También advertimos que, tal cual
estaba establecida la ley y según las condiciones de competencia del país, se
abriría la puerta para que las obligaciones de la mezcla etanol-gasolina fueran
cumplidas con importaciones desde Estados Unidos, en ese momento ya convertido
en el principal productor a nivel mundial con maíz subsidiado, oferta que
recibió USD 50.000 millones en ayudas federales entre 2005 y 2015.
Pasaron
pocos años para que el pronóstico se cumpliera. Por exigencia que viene desde
el entonces vicepresidente Joe Biden, en el marco del TLC, el gobierno de Juan
Manuel Santos derogó la resolución que permitía la importación únicamente
cuando hubiera faltante de producción nacional. Esta resolución vigente desde
abril de 2014 hasta abril de 2017, fue un mecanismo de contención a las
importaciones masivas del etanol gringo, tan lesivas que ¡hasta la
Superintendencia de Industria y Comercio le dio su visto bueno! porque aunque
es “una restricción a la competencia, la misma se ve justificada al amparo de
la política pública del Gobierno Nacional”[1],
en cuanto a soberanía energética y desarrollo agrícola.
El TLC también eliminó los
aranceles de etanol a partir de 2016, cuando el país importó 18,5 millones de
litros, 900% más que lo que compró en 2015 cuando todavía existían
restricciones normativas y arancelarias.
Mientras esto ocurre en Colombia,
la Unión Europea impuso un arancel de 24%, Brasil de 20% y China de hasta 40% a
las importaciones de etanol gringo. Pero –claro– ellos no tienen la
inteligencia criolla de haber negociado un TLC con ese país que impide proteger
su economía.
Hay una intención calculada por parte del gobierno nacional de lesionar la
producción colombiana, como parte de la política de comprar todo en el
extranjero, bajo el falso argumento de beneficiar al consumidor con precios
bajos, pero arruinando a quienes proveen los salarios a dichos consumidores.
La producción de etanol
colombiana ocupa a 100.000 personas y cuenta con 3600 empleos industriales
formales de alta capacitación y remuneración, de –indiscutible– mejor calidad
que los ocupados en el rebusque, que representan el 60% de los nuevos trabajos
creados durante el gobierno Santos.
Los fundamentalistas económicos
no tienen ningún recato en poner en riesgo millonarias inversiones, una
capacidad productiva instalada y los empleos de miles de personas, con tal de
beneficiar los intereses de grandes grupos económicos estadounidenses que, como
se sabe, jugaron un papel muy importante en la victoria de Donald Trump, que
está siendo correspondida con más privilegios estatales. Una política económica
diferente para Colombia obliga a tomar medidas urgentes para proteger la
producción de etanol y a los consumidores que trabajan para este sector.
Por: Mario Alejandro Valencia,
director ejecutivo de Cedetrabajo.
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